A mitad de la actual legislatura municipal hay actualmente alcaldes y concejales bajo investigación judicial o a la espera del inicio de procedimientos judiciales, por tráfico de influencias, fraude electoral o simple y llanamente, en ocho municipios de la Vega Baja.
Al no pertenecer a un solo partido político, los políticos en cuestión representan a grupos de todos los partidos: el PP, el PSOE, UPyD y Foro Democrático. A estas alturas, nadie ha dimitido; todos ellos, por supuesto, proclaman su inocencia y niegan las acusaciones y todos los cargos que se les imputan.
Los políticos señalados están vinculados a investigaciones que están actualmente activas mientras que, como todos sabemos, hay otros muchos casos pendientes, como los que afectan a los ex alcaldes de Catral, Dolores, Redován, Bigastro y Orihuela, todos ellos o bien en trámite judicial o bien a la espera de ser puestos a disposición judicial.
En Torrevieja, el exalcalde del PP Eduardo Dolón, actual vicepresidente de la Diputación y secretario general del PP provincial, está siendo investigado por no supervisar adecuadamente las actividades de una discoteca ubicada en La Mata, el caso "Vela-Mata". El club fue denunciado por la Guardia Civil en 2013, 2014 y 2015 por infracciones graves, pero Dolón insiste en que se trata de un mero asunto administrativo.
En Orihuela, la exconcejala del PP y actual líder de Foro Demócrata, Pepa Ferrando, se enfrenta a una condena de nueve años de prisión, solicitada por la Fiscalía Anticorrupción, a raíz del caso Fitur. Está acusada de fraude y falsificación de documentos tras la emisión de contratos durante su etapa como presidenta del PP y concejala de Turismo, responsable de la presencia de Orihuela en la Feria Internacional de Turismo FITUR.
El exalcalde de Callosa de Segura se enfrenta a tres investigaciones, una de las cuales gira en torno a insultos a empleados municipales y a su difamación contra el jefe de la Policía Local en 2010. Por ello, de ser declarado culpable, se enfrenta a una pena de cuatro años de prisión y 10 años de inhabilitación para ejercer cualquier cargo público. ¡Menudo insulto!
En otro caso, se le investiga por fraude y engaño tras pagar 311,000 euros a un arquitecto, presuntamente sin contrato. En el tercer caso, la investigación se centra en la adjudicación de un contrato de más de 90,000 euros para establecer una red wifi en el municipio, pagado a una empresa de la que su hermano es socio.
El actual alcalde de San Fulgencio, Carlos Ramírez, sigue a la espera de la fecha de comparecencia ante el juez por un presunto delito de prevaricación, por el que la Fiscalía solicita una pena de nueve años de inhabilitación. El caso gira en torno al pago de más de 190,000 euros por parte del Ayuntamiento a una Sociedad Gestora Deportiva y a su gestión de las escuelas deportivas del municipio. Esta sociedad gestora estaba presidida por Antonio Irles, candidato del PP a las elecciones de 2011. El juicio estaba previsto para abril, pero se aplazó a septiembre.
Un poco más al norte, en Albatera, tanto la alcaldesa, Rosario Ballester (UPyD), como su antecesor, Federico Berná (PP), mantienen ocupados los juzgados, Ballester por tráfico de influencias, apropiación indebida y gestión de terrenos, mientras que Berná está siendo investigado por el pago de sobresueldos irregulares a personal del Ayuntamiento.
Las contrademandas entre el PP de Benejúzar y el PSOE durante las elecciones de 2015 dieron inicio a dos investigaciones. En el caso de los socialistas, todo el grupo municipal, liderado por Miguel López, ha sido procesado por un presunto delito electoral cometido durante la campaña. El PP alega que distribuía propaganda electoral fuera de las fechas estipuladas. El PP, por su parte, está siendo investigado por el uso indebido del sistema de reparto de votos por correo, que se disparó un 13% con respecto a las elecciones anteriores.
El alcalde socialista de Los Montesinos, José Manuel Butrón, que lleva 25 años en el cargo, está siendo investigado por presuntos delitos urbanísticos, en concreto por la no ejecución de la orden de derribo de una nave industrial así como por la presunta inacción del Ayuntamiento a la hora de tramitar expedientes relativos a viviendas construidas en suelo de zona verde.
Existen problemas similares en Benferri, donde la Fiscalía Anticorrupción ha acusado al alcalde, Luis Vicente Mateo (PSOE), de ocultar informes relacionados con la construcción de viviendas en una zona verde municipal. La fiscalía considera que existen suficientes elementos incriminatorios para sugerir que podría haber cometido delitos de prevaricación, tráfico de influencias y usurpación de la gestión del suelo al permitir que una promotora construyera viviendas en una zona verde, otorgar las licencias y vender las viviendas antes de impulsar un cambio en el planeamiento urbanístico para intentar regularizar la situación.
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) sentencia que todo ello se hizo para favorecer el interés privado del promotor.
