El alcalde de San Fulgencio, Carlos Ramírez (Partido Popular), compareció este miércoles ante el tribunal, donde fue acusado de fraude.
De ser hallado culpable se enfrenta a una pena de nueve años de inhabilitación para cargo público, pena que solicita la Fiscalía Anticorrupción.
Ramírez no llegó solo, ya que junto a él en el banquillo estaban el ex concejal de Deportes Pascual Sempere y el presidente del Sporting Club San Fulgencio, Antonio Irles, encargado de la gestión de los colegios y que ya había figurado en la lista del PP en 2011. Ambos se enfrentan a la misma pena de inhabilitación para ejercer cargos públicos.
A Ramírez le pidieron que justificara el pago de más de 190,000 euros a la asociación que gestionaba las escuelas deportivas municipales.
Explicó a los tribunales cómo el acuerdo anterior simplemente se transfirió y los pagos continuaron realizándose.
Siempre contaban con el respaldo del secretario y el contador del ayuntamiento. «Nadie dijo que hubiera un problema, nadie dijo que fuera ilegal… el primer año tuvimos muy buenos resultados, ahorramos dinero y hubo mucha más participación de los niños en las escuelas… Se hizo exactamente igual que en muchos otros pueblos de La Vega», dijo.
Al ser preguntado por el fiscal, el alcalde dijo que no sabía por qué en el acuerdo firmado no figuraba la fecha y tampoco se dio cuenta de que el dinero debía pagarse anualmente.
“Llegamos al acuerdo porque era lo mejor para el municipio, para gestionar mejor el deporte y con menos dinero”, dijo. “Sé que soy el alcalde y lo controlo todo, pero no puedo entrar en detalles sobre cada contrato”.
El fiscal explicó que la asociación para gestionar las escuelas deportivas se creó pocos días después de que Ramírez asumiera la alcaldía y estaba liderada por Irles, aunque el alcalde dijo que todo esto “no tenía nada que ver con política”, sino con deporte.
Ramírez dijo que él también desconocía, cuando el club le pidió en agosto de 2011 el pago de casi 26,000 euros para cubrir el primer trimestre, si el acuerdo había sido aprobado.
Durante el interrogatorio se vivieron momentos tensos entre el Fiscal y el alcalde, al punto que el juez tuvo que pedirle en varias ocasiones a Ramírez que se calmara y se relajara.
Interrogado por los abogados defensores, el alcalde argumentó repetidamente que desconocía si el procedimiento se había llevado a cabo correctamente porque "no entendía la ley", y que para eso estaba el secretario de contratos del ayuntamiento. Dijo que tenía claro que todo el dinero transferido a ese club estaba justificado.
