Gomendio, la poderosa promotora que pretende construir 2,200 nuevas viviendas y apartamentos en Cala Mosca, considera una victoria la denegación de la demanda judicial para suspender la construcción, mientras se estudia un proceso judicial para anular la aprobación del proyecto de construcción por parte del Ayuntamiento de Orihuela. Gomendio afirma que la denegación judicial permite el inicio de las obras y que Cala Mosca será un proyecto medioambiental emblemático.
La afirmación de Gomendio de que construir 2,200 nuevas viviendas en Cala Mosca, el último espacio de costa natural que queda en Orihuela Costa, sería un proyecto respetuoso con el medio ambiente es descabellada.
Supondría la pérdida de la última zona verde de los 16 kilómetros de costa de Orihuela, libre de ladrillos y cemento, y pondría en peligro dos especies, una flor rara y un caracol, vulnerables y protegidas por directivas de la Unión Europea.
Sus afirmaciones de que crearía una extensa microreserva que garantizaría una protección inigualable para estas especies son increíbles. Contradicen la negligencia que ha mostrado con respecto a su protección antes de cualquier construcción.
CLARO, que presentó en 7,000 la petición original con más de 2010 firmas al Parlamento Europeo y consiguió frenar el desarrollo, ha presentado recientemente una denuncia ante el SEPRONA, el servicio de medio ambiente de la Guardia Civil, denunciando el abandono de las dos especies que originalmente estaban protegidas por mallas.
Con el paso de los años, la malla se ha derrumbado. Quedan algunos restos destrozados en el suelo (ver foto). Ya no impide que caminantes, ciclistas y perros destruyan el hábitat de estas dos raras especies.
Esta “denuncia” ha sido trasladada a la Fiscalía de Medio Ambiente por el SEPRONA quien ha informado a CLARO que también será remitida a un juzgado de Orihuela para que determine si el abandono de la protección de la especie constituye delito.
Es el Ministerio de Transportes el que ha llevado al Ayuntamiento de Orihuela a los tribunales para que anule la decisión del Consistorio del pasado mes de septiembre de aprobar la última versión del plan de urbanización de Cala Mosca.
El Ministerio afirma que la decisión es ilegal ya que no tiene en cuenta sus objeciones al plan, que aumentaría en gran medida el tráfico ya congestionado en la carretera nacional N332, que es la salida principal del desarrollo planificado.
El tribunal aún no ha considerado el fondo del caso contra el Ayuntamiento de Orihuela, solo la exigencia de que, durante el procedimiento, no se lleven a cabo las obras. Afirmar que el rechazo de esta exigencia permite el inicio de las obras es una estrategia de relaciones públicas de Gomendio para presionar al Ayuntamiento de Orihuela a que conceda las licencias necesarias para la construcción.
El promotor ignora convenientemente otras consideraciones legales, ambientales y sociales pendientes que deberían impedir la construcción de un megaproyecto que añadiría un 20% a la población registrada de Orihuela Costa y arriesgaría un grave deterioro de los ya deficientes servicios e instalaciones disponibles para los residentes.
Las consideraciones legales y ambientales incluyen una disposición en la legislación pendiente llamada PATIVEL, que impediría la construcción en aproximadamente un tercio de Cala Mosca a menos que la construcción se complete para mayo de 2023. Esta legislación está actualmente sujeta a apelaciones por parte de los principales promotores en Valencia que se oponen a la limitación de terrenos en los que pueden construir.
Si se acepta la opinión de los grupos ecologistas, una propuesta legislativa similar, PAT para VEGA BAJA, que incluye Orihuela Costa, clasificaría toda Cala Mosca como perteneciente a la infraestructura verde de la zona e impediría la urbanización prevista.
CLARO se ha unido a estos grupos ambientalistas para apoyar esta enmienda a la legislación propuesta. Pero el obstáculo más inmediato y serio para la construcción en Cala Mosca es el proceso judicial iniciado por el Ministerio de Transporte.
Esperemos que la coalición gobernante de Orihuela, formada por el Partido Popular y Ciudadanos, que aprobó conjuntamente el proyecto modificado para la construcción de Cala Mosca el pasado septiembre, no se vea presionada a conceder las licencias de obra, como insta Gomendio. Aún quedan demasiados obstáculos por superar para que esto se justifique.
Y las elecciones municipales de mayo del próximo año están a la vuelta de la esquina. Habría poco apoyo para los partidos políticos si, antes, hubieran dado el visto bueno definitivo, necesariamente controvertido, a este proyecto social, económico y ambientalmente ruinoso de cubrir de ladrillos y cemento Cala Mosca, tan apreciado por los residentes de Orihuela Costa y en general.
