La prohibición de acceso y uso de las vías públicas en el centro de Madrid, prevista en la Disposición Transitoria Primera de la Ordenanza de Movilidad Sostenible de 5 de octubre de 2018, entrará en vigor el 1 de enero. A partir de ese día, dos de cada tres vehículos propiedad de madrileños tendrán prohibida la entrada a la capital.
Por ello, la Asociación Europea de Automovilistas (AEA) ha solicitado al Ayuntamiento de Madrid la aprobación de una moratoria de al menos dos años debido a la magnitud del problema al que se enfrentarán de golpe cientos de miles de madrileños propietarios de vehículos sin la homologación correspondiente, cifra que, según estimaciones, podría superar el millón de ciudadanos.
En su petición al Alcalde, AEA considera que “la verdadera dimensión económica y social de esta prohibición no fue prevista a la hora de redactar y aprobar la Ordenanza de Movilidad y por tanto la normativa municipal no se ajusta al principio de proporcionalidad al que debe vincularse la actividad administrativa restrictiva de tales derechos”.
Esto se debe a que la medida afecta a uno de cada tres madrileños, 1,189,607, y a dos de cada tres vehículos que componen el parque automovilístico madrileño, cuyo valor económico supera los 5.2 millones de euros (basado en el valor medio de un coche de más de 15 años), que tendrían que ser asumidos por los propietarios sin compensación alguna.
Tampoco se ha tenido en cuenta la pérdida de ingresos de unos 32 millones para el presupuesto municipal en concepto de IVTM (impuesto de matriculación).
Por ello, la AEA ha solicitado al Alcalde de Madrid, Sr. Martínez Almeida, que apruebe con carácter urgente una moratoria, de al menos dos años, de la prohibición de acceder y circular por las vías públicas urbanas dentro del ámbito territorial de la ZBE de Madrid.
