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Estudios recientes han puesto de relieve los alarmantes problemas de salud mental a los que se enfrentan los miembros de las Fuerzas de Seguridad en España, en particular aquellos que trabajan en condiciones de alto estrés.
Con tasas de suicidio entre agentes tres veces superiores a la media nacional, los expertos se centran cada vez más en el bienestar psicológico de estos profesionales. En los últimos meses, dos agentes de la Guardia Civil de la provincia se quitaron la vida trágicamente; uno de ellos se encontraba de baja por depresión.
Esto ha llamado la atención sobre los problemas de salud mental que afectan a los equipos de servicios de emergencia, ya que entre 25 y 30 oficiales mueren por suicidio cada año, mientras que el promedio nacional es de unos 11 suicidios por día.
Federico Gómez Sáez, comisario jubilado de la Policía Local, explica que la tasa de suicidios entre los cuerpos policiales es significativamente mayor que la de la población general, llegando algunas fuerzas, como la Guardia Civil, a alcanzar tasas de hasta el 15%.
Gómez señala que muchos agentes sufren en silencio, evitando buscar ayuda debido al estigma asociado con los problemas de salud mental en las fuerzas del orden. Argumenta que los agentes a menudo niegan sus problemas de salud, lo que les genera mayor sufrimiento.
Para abordar estas preocupaciones, la Universidad de Alicante presentó recientemente el Manual de Buenas Prácticas en Salud y Bienestar Policial. Esta guía se desarrolló para identificar posibles riesgos y crear medidas preventivas para los profesionales de los servicios de emergencia.
La pandemia subrayó la necesidad de apoyo en materia de salud mental, una necesidad que se ha visto aún más acentuada por recientes acontecimientos traumáticos, como el desastre de las inundaciones en Valencia, que ha provocado que muchos agentes necesiten atención psicológica.
Las bajas por enfermedad relacionadas con la salud mental han aumentado significativamente en los últimos años. De 35,000 casos en 2018, el número de bajas por enfermedad mental en España aumentó un 84% hasta 66,000 en 2024. Los equipos de emergencia se ven afectados de forma desproporcionada, y muchos casos que antes permanecían ocultos ahora salen a la luz.
Este estudio tiene como objetivo proporcionar mecanismos de apoyo para ayudar a los oficiales a reconocer y abordar los problemas de salud mental antes de que se conviertan en afecciones más graves.
El enfoque del estudio en eliminar el estereotipo del “héroe” en la aplicación de la ley, que disuade a los agentes de buscar ayuda, es esencial para romper el estigma en torno a la salud mental.
Este esfuerzo se inició después de la pandemia de COVID-19, con el objetivo de abordar el estrés, la ansiedad y la depresión que, si no se tratan, podrían convertirse en afecciones crónicas como el trastorno de estrés postraumático (TEPT), que en última instancia afectarían el desempeño laboral.
La reciente inundación en Valencia ha puesto aún más de relieve el impacto psicológico que sufren los agentes. Muchos de ellos presenciaron la devastación en sus propias comunidades, lo que les ha provocado una doble victimización: como socorristas y residentes.
Los oficiales informaron sobre un mayor estrés debido a las largas horas de trabajo, la falta de recursos y la exposición a eventos traumáticos como rescatar a personas de casas inundadas y encontrar cuerpos arrastrados por las aguas.
Un factor de riesgo importante en los suicidios policiales es el acceso a armas de fuego. De hecho, hasta el 86% de los suicidios de agentes de la ley en España involucran armas de fuego. Los agentes de policía, especialmente aquellos con más de 18 años de servicio, son los que corren mayor riesgo, ya que a menudo sufren problemas de salud mental sin tratar, depresión y estrés por la exposición a la violencia y a situaciones traumáticas.
Estos desafíos se ven agravados por una cultura organizacional que desalienta la vulnerabilidad y la búsqueda de apoyo psicológico.
Para ayudar a combatir este problema, los expertos recomiendan dedicar más recursos a la atención de la salud mental de los agentes del orden y romper el “código de silencio” que disuade a los agentes de buscar la ayuda que necesitan.
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