Un grupo de residentes y comerciantes de Babilonia Beach, en Guardamar del Segura, libran la que podría ser su última batalla legal para evitar la demolición de sus viviendas y propiedades. Tras la reciente destrucción de dos restaurantes de larga trayectoria, Jaime Playa y Miramar, se ha presentado una nueva denuncia acusando a dos altos cargos de la Concejalía de Costas de Alicante de prevaricación, lo que podría suponer un salvavidas para las más de 60 viviendas que aún se enfrentan a la demolición.
La denuncia se dirige contra Rosa de los Ríos, actual presidenta de la Junta de Costas de Alicante, y su predecesor, Ángel Muñoz Cubillo. Presentada por el propietario de uno de los restaurantes demolidos, la denuncia alega que ambos emitieron, a sabiendas, una resolución injusta al iniciar un proceso de recuperación de la posesión a pesar de las garantías legales vigentes.
Los demandantes argumentan que bajo el Reglamento de Costas de 1989, las autorizaciones permanentes se convirtieron en concesiones de 30 años a partir de la Ley de Costas de 1988, con prórrogas automáticas por otros 30 años en 2018, asegurando su vigencia hasta 2048.
Esta interpretación constituye la base del argumento legal: que las concesiones, incluidas las de propiedades como el Restaurante Jaime, seguían vigentes y debieron haber impedido las demoliciones. Además, la demanda sostiene que ambos funcionarios eran conscientes de la ilegalidad de iniciar acciones de recuperación contra propiedades inscritas en el Registro de la Propiedad.
Según el abogado Joaquín Galant, la Autoridad Costera actuó de forma prematura e ilegítima, adelantando demoliciones sin esperar la confirmación judicial de la validez de la concesión. El caso señala específicamente la denegación de la licencia a María Teresa Ríos para el Restaurante Jaime, a pesar de saber que la propiedad se encontraba en un terreno con una concesión válida y prorrogada automáticamente.
Las viviendas demolidas se ubicaban en terrenos públicos costeros, cerca del inicio de la avenida Ingeniero Codorniu. Estas actuaciones forman parte de un plan gubernamental más amplio, liderado por el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco), para desmantelar edificaciones no autorizadas a lo largo de la playa, argumentando que carecen de titularidad pública. Se prevén más de 60 demoliciones adicionales para septiembre, que afectarán aproximadamente 600 metros de viviendas en primera línea de playa.
Los residentes argumentan que sus viviendas se construyeron originalmente con apoyo gubernamental como defensa contra la erosión de las playas y que, en consecuencia, se les otorgaron concesiones legales. Sostienen que las demoliciones violan las prórrogas otorgadas por la legislación vigente y que las autoridades actuaron con pleno conocimiento de que sus acciones podrían ser ilegales.
El caso ahora está en manos de la Audiencia Provincial de Alicante, que debe decidir si reabre el caso de prevaricación. Si el tribunal falla a favor de los residentes, podría detener nuevas demoliciones y abrir una investigación más amplia sobre posibles irregularidades por parte de la Autoridad Costera.
Para los residentes de Babilonia Beach, esta apelación legal puede ser su última oportunidad de detener las demoliciones y preservar las casas y la comunidad que han construido durante muchas generaciones.
