Madrid y la Generalitat se enfrentan por el control de las viviendas Babilonia en primera línea de playa. Valencia está acusada de vulnerar las competencias del Estado y de «deslealtad institucional».
El Gobierno central español, a través del Ministerio para la Transición Ecológica, ha requerido formalmente a la Generalitat Valenciana para que revoque las medidas adoptadas para detener la demolición de las centenarias casas Babilonia en la playa de Guardamar. El Ministerio amenaza con interponer un recurso contencioso-administrativo si la Generalitat no cumple.
Este conflicto nace de la decisión de la Generalitat de admitir a trámite la declaración de la zona residencial como “núcleo urbano de especial valor etnológico” y la posterior suspensión cautelar de los derribos, pocos días antes de que venciera el plazo del 15 de septiembre para que los vecinos ejecutaran la destrucción judicial de sus viviendas.
Las demoliciones fueron ordenadas por el Ministerio, con el respaldo de sentencias firmes de la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, debido a la falta de un título de ocupación válido para las propiedades ubicadas en el dominio público marítimo-terrestre. Los tribunales y el Ministerio alegaron motivos de preocupación ambiental y de seguridad, como el impacto de los edificios en el sistema dunar y el riesgo que supone la acción del mar. Los vecinos habían acordado la demolición voluntaria dentro del plazo, pero suspendieron las obras tras las medidas de protección de la Generalitat.
El Gobierno Central argumenta que las acciones de la Generalitat —basadas en una nueva Ley de Costas Valenciana, cuya constitucionalidad se encuentra en trámite— constituyen una «deslealtad institucional» y una «extensión indebida de las competencias autonómicas» en un ámbito reservado exclusivamente al Estado: la definición del régimen jurídico del dominio público marítimo-terrestre. El Ministerio sostiene explícitamente que las medidas de la Generalitat, incluyendo el hecho de haber dado al Estado tan solo ocho días para reaccionar, están diseñadas para eludir una orden firme de demolición administrativa y judicial y, potencialmente, vaciar de contenido la competencia del Estado.
A pesar de la exigencia del Gobierno Central, que la Generalitat tiene un mes para atender, el Gobierno valenciano ha señalado su firmeza. Sostiene que el conjunto residencial posee un importante valor cultural, histórico y etnológico que justifica su conservación, incluso en terrenos públicos costeros.
La insistencia de la Generalitat en proteger las viviendas la pone en apoyo de los residentes afectados, quienes se enfrentan a la pérdida de sus propiedades y de toda una vida de recuerdos. La batalla judicial resultante retrasaría inevitablemente la ejecución de la orden de demolición. El contexto más amplio incluye las negociaciones en curso entre ambas administraciones sobre la constitucionalidad de la Ley de Costas Valenciana, y el Gobierno central está considerando interponer un recurso ante el Tribunal Constitucional.
