El ayuntamiento de Orihuela convocó su pleno ordinario el jueves en Playa Flamenca, la primera vez que la reunión se celebraba en el ayuntamiento de la Costa. Sin embargo, en el exterior, la sesión se desarrolló entre protestas, ya que los vecinos expresaron sus antiguas quejas por lo que describen como negligencia municipal.
A pesar de una participación menor que en ocasiones anteriores, un centenar de manifestantes se congregaron bajo una fuerte presencia policial para denunciar el «abandono, la desigualdad y la falta de respeto institucional». En el interior, el alcalde Pepe Vegara respondió a las críticas por la estricta seguridad en la entrada, insistiendo en que «quienes se quedaron fuera lo hicieron porque decidieron no entrar».
La protesta también brindó la oportunidad de reunir firmas para una petición contra la elevada tasa de recogida de basura. El Partido Independentista de Orihuela Costa (PIOC), impulsor de la iniciativa, recogió más de 150 firmas y aspira a alcanzar las 500 para finales de diciembre.
El partido planea enviar la petición a la Comisión Europea para solicitar una reducción. «Pagamos una de las tasas de residuos más altas de España, pero la limpieza es claramente insuficiente», argumentaron los organizadores, señalando que más de mil residentes han solicitado formalmente una reducción de la tasa sin recibir la respuesta legalmente requerida del ayuntamiento.
Los representantes de PIOC continuarán recolectando firmas durante todo el mes y estarán estacionados afuera del ayuntamiento todas las mañanas de 9 a 11, ayudando también a los residentes a comprender cómo registrarse localmente para que puedan votar.
La jornada también sirvió como punto de encuentro de asociaciones de vecinos como FOCA y Unidos por la Costa, que exploran vías para posicionar al PIOC como vehículo de las demandas costeras de cara a las elecciones municipales de 2027.
El PIOC estuvo a punto de ganar un escaño en el consejo en las últimas elecciones (se quedó a solo 100 votos de distancia después de asegurar 1,382 papeletas) y actualmente tiene cinco de los seis escaños en la Junta de Distrito X. Los líderes del partido cuestionaron si la ciudad teme un impulso a la independencia de Orihuela Costa dado "el continuo maltrato que sufren los residentes costeros".
Unidos por la Costa criticó al ayuntamiento por no incluir su pregunta en el orden del día, alegando que ya se había superado el límite de cinco puntos. Aprovecharon el pleno costero sin precedentes para volver a destacar problemas pendientes: el "olor nauseabundo" de la depuradora, la tan esperada pasarela sobre la AP-7, el estado del centro cívico Ramón de Campoamor, la paralización de la construcción de la escuela n.º 20, la necesidad de ampliar el centro de salud de Aguamarina y lo que describieron como una mala recogida de residuos, servicios de limpieza deficientes, parques infantiles deteriorados y las barandillas "recicladas" de Playa Flamenca.
El grupo añadió que incluso el Síndic de Greuges ha denunciado al ayuntamiento por “claras infracciones de transparencia, accesibilidad y capacidad de respuesta” en la gestión de las solicitudes de información pública, lo que sitúa a Orihuela entre los municipios menos cumplidores de la región.
Mociones de violencia de género
En la semana que se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (25 de noviembre), el tema entró al pleno a través de dos mociones, una de los socialistas (PSOE) y otra de Cambiemos.
La moción del PSOE fue aprobada con el apoyo de todos los partidos excepto Vox. El concejal socialista Juan Miguel López advirtió que «la violencia de género sigue siendo una realidad brutal y cotidiana que exige una acción institucional decisiva». La moción exige una educación más sólida para la igualdad, especialmente para niños y jóvenes; la plena aplicación del Pacto Nacional contra la Violencia de Género a nivel local; y una colaboración más estrecha con las asociaciones que apoyan a las víctimas.
“Este ayuntamiento no puede hacer la vista gorda”, dijo López. “En memoria de todas las mujeres asesinadas, tenemos el deber moral y político de actuar para que Orihuela se convierta en un territorio libre de violencia”.
La moción de Cambiemos también fue aprobada, con los votos del PSOE y Ciudadanos y la abstención del PP. La concejala Leticia Pertegal argumentó que «desde que Vox llegó al gobierno municipal, el consenso sobre la violencia de género ha desaparecido», acusando a Vox de negar el problema y criticando la asignación de 10,000 € de fondos públicos a RedMadre, un grupo antiabortista que, según ella, «acosa a las mujeres que acuden a las clínicas ginecológicas en Alicante».
Añadió que el PP, al permitir estas acciones, es cómplice. «No se puede liderar una marcha contra la violencia de género siendo cómplice del maltrato institucional a las mujeres», afirmó.
La moción pide establecer una Unidad de Salud Sexual municipal, garantizar el acceso a servicios de aborto seguro y gratuito en el sistema público de salud y fortalecer las políticas y planes de acción locales de igualdad.
Red de transporte
Cambiemos también presentó una moción que exige una red de transporte y ciclismo moderna e integrada que conecte el centro de la ciudad, la costa y los distritos periféricos. Fue aprobada con un amplio apoyo de todos los grupos excepto Vox, que se abstuvo.
La falta de un sistema de transporte moderno afecta especialmente a los jóvenes que no tienen coche, a las zonas rurales que carecen de conexiones directas con el hospital y, sobre todo, a Orihuela Costa, que no tiene estación intermodal y sufre de servicios de autobús poco frecuentes y mal conectados.
La moción destaca la inversión urgente en una red ciclista bien planificada, la mejora del transporte público y una conexión eficiente entre Orihuela Centro y Orihuela Costa para impulsar la cohesión social, cultural y económica. También exige servicios especiales mejor organizados durante las temporadas punta, como Navidad, Semana Santa, las fiestas de Moros y Cristianos y el Día de San Patricio.
En respuesta, el equipo directivo destacó que se añadirán nuevas rutas en el próximo contrato de transporte, valorado en un millón de euros al año durante diez años.
