Un juzgado de Orihuela ha abierto un expediente de investigación sobre el contrato de conservación de carreteras de Orihuela Costa, poniendo bajo investigación a cuatro exconcejales, dos concejales en activo, un funcionario municipal, la empresa contratada y su director gerente. El caso surge a raíz de una denuncia presentada por Ciudadanos que alega graves irregularidades en la adjudicación y gestión del contrato.
La investigación ha sido iniciada por el Juzgado de Instrucción n.º 3 de Orihuela, que ha solicitado documentación al Ayuntamiento. La resolución, notificada el 16 de diciembre, otorga a los implicados la condición de "personas investigadas" (anteriormente conocidas como imputadas). La denuncia fue presentada por el portavoz de Ciudadanos, José Aix, quien se ha referido al asunto como el "caso Viales".
Los cuatro exconcejales investigados pertenecieron al Partido Popular (PP) durante la legislatura 2019-2023 y formaron parte de la junta de gobierno local mientras el partido estuvo en el poder, hasta que fue destituido por una moción de censura apoyada por el PSOE, Cambiemos y Ciudadanos. Dos concejales del actual gobierno de coalición PP-Vox, liderado por el alcalde Pepe Vegara, también están incluidos en la investigación.
Ciudadanos denuncia posibles delitos de prevaricación administrativa, malversación de fondos y falsedad documental, vinculados a un presunto fraude en la contratación pública que habría tenido lugar entre marzo de 2023 y febrero de 2025.
Según el partido, la empresa adjudicataria del contrato en marzo de 2020 no proporcionó las instalaciones fijas prometidas en su oferta, incluida una nave industrial con oficinas y espacio para maquinaria.
A pesar de las advertencias del entonces concejal de Infraestructuras, Ángel Noguera (Ciudadanos), estas deficiencias no fueron denunciadas formalmente por un supervisor municipal. Algunos de los incumplimientos han sido confirmados posteriormente por otros funcionarios municipales y por los tribunales.
En junio de este año, un juez de Elche dictaminó en vía administrativa que el incumplimiento debería haber supuesto la resolución del contrato.
Ciudadanos también afirma que los concejales del PP votaron sistemáticamente para aprobar los pagos mensuales completos a la empresa a pesar de estos problemas, sin una supervisión adecuada ni reducciones, y que el contrato se extendió polémicamente por un año más en marzo de 2024. El partido sostiene que un procedimiento de liquidación y reembolso en curso se ha estancado.
Aix también ha criticado a Vox por lo que describe como una postura pasiva, acusándolo de proteger a su socio de gobierno. Además, cuestionó las recientes decisiones sobre la supervisión técnica del contrato y criticó al actual concejal de Infraestructuras, Víctor Valverde, y a la concejala de Contratación, Mónica Pastor, por aprobar los pagos y prorrogar el contrato sin aplicar sanciones.
La investigación judicial está en curso.
