El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso interpuesto por los trabajadores del laboratorio del Hospital de Torrevieja que solicitaban ser trasladados a la nueva sociedad gestora tras la finalización de la concesión sanitaria del hospital con Ribera Salud.
La sentencia pone fin a la batalla legal y deja sin resolver el futuro de más de 30 empleados despedidos.
La decisión representa un nuevo revés para los trabajadores y sus familias, quienes han enfrentado meses de incertidumbre desde que perdieron sus empleos tras el cambio de dirección. Con esta sentencia, se han agotado todas las vías judiciales.
El conflicto se remonta a una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), que declaró la nulidad del despido colectivo y ordenó la reincorporación del personal del laboratorio. A pesar de esta sentencia, la Conselleria de Sanidad decidió recurrir ante el Tribunal Supremo, contrariamente, según los trabajadores, al compromiso público del consejero de Sanidad, Marciano Gómez, de no interponer nuevas acciones legales si la decisión favorecía a los empleados.
En su sentencia, el Tribunal Supremo concluyó que no existía obligación legal para el nuevo operador de contratar personal. Según fuentes jurídicas, el tribunal determinó que los términos de la concesión del sistema sanitario de Torrevieja no incluían una cláusula que exigiera el traslado de los trabajadores al finalizar la concesión.
El resultado ha suscitado críticas políticas a nivel local. El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) de Torrevieja lamentó la sentencia y acusó al gobernante Partido Popular (PP) de abandonar a los trabajadores durante todo el proceso. El PSOE recordó que en mayo de 2025 presentó una moción instando a la Consejería de Salud a no recurrir la decisión del TSJCV, propuesta que fue bloqueada por el PP mediante una enmienda general.
La portavoz del PSOE, Bárbara Soler, acusó al ayuntamiento de establecer comparaciones engañosas con el departamento de salud de Manises, donde los traslados de personal estaban garantizados legalmente al expirar la concesión. «En Torrevieja, los pliegos de condiciones —redactados por el PP— no incluían esta obligación, pero optaron por confundir a la ciudadanía en lugar de defender a los trabajadores», declaró.
Los socialistas también criticaron el silencio del alcalde Eduardo Dolón tras la decisión del Tribunal Supremo, argumentando que el PP ha priorizado la disciplina de partido por encima de los intereses de la ciudad y sus trabajadores.
Para el personal del laboratorio afectado, el fallo pone fin a su lucha legal y, si bien reconocen que ya se han agotado todas las opciones judiciales, su futuro laboral sigue siendo incierto.
