En una de las primeras leyes introducidas por el recién nombrado presidente, Juan Francisco Pérez Llorca, la Comunidad Valenciana ha introducido un nuevo decreto “Simplificado” que altera significativamente la gestión de la vivienda y el suelo en la región.
Esta medida se presenta como una solución a la crisis de la vivienda al hacer más rápida y sencilla la construcción, pero ha suscitado intensas críticas sobre la calidad urbana y la privatización de la supervisión pública.
Cambios en el uso de terrenos públicos
El decreto permite la construcción de viviendas protegidas en terrenos originalmente destinados a servicios públicos como escuelas, clínicas médicas y polideportivos. Si bien la ley establece que los municipios deberán reponer estos terrenos para servicios públicos perdidos en un plazo de tres años, el efecto inmediato permite a los promotores construir en terrenos que, a menudo, han permanecido vacíos durante años.
Existe un debate en curso sobre si estos terrenos se arrendarán a promotores inmobiliarios o si se comercializarán en “intercambios de tierras”, donde el promotor se convierte en propietario del terreno a cambio de devolver algunos apartamentos terminados al gobierno.
Privatización del control de calidad
En un cambio importante, el gobierno está transfiriendo la responsabilidad de clasificar y verificar la vivienda pública a entidades colaboradoras privadas, conocidas como ECUV. Anteriormente, la administración era la única responsable de garantizar que la vivienda asequible cumpliera con estándares específicos de habitabilidad y calidad.
Al permitir que empresas privadas emitan estos certificados, el gobierno argumenta que reducirá la burocracia y acelerará el mercado, mientras que los críticos sostienen que elimina el control público esencial y la supervisión de la legalidad de la construcción.
Casas más pequeñas y mayor densidad
Las nuevas normas eliminan los límites anteriores al número máximo de viviendas permitidas en una zona urbana específica. Al centrarse en la superficie total de un edificio en lugar del número de unidades, los promotores ahora pueden alojar más apartamentos en el mismo espacio, lo que naturalmente conlleva la creación de pisos más pequeños.
Además, el decreto elimina el requisito de que los desarrolladores proporcionen más espacios verdes o parques públicos cuando aumentan la densidad poblacional de un vecindario, lo que significa que más personas vivirán en espacios más pequeños con menos servicios públicos cercanos.
Reacción legal y política
El propio equipo jurídico de la Generalitat ha puesto objeciones a la utilización de un “Decreto Ley” para realizar estos cambios, ya que este método rápido evita la revisión detallada que habitualmente exige el Consejo Jurídico Asesor.
Los opositores políticos, específicamente el PSPV, afirman que este modelo es puramente especulativo y prioriza los intereses de la industria del “ladrillo” por sobre las necesidades del público.
Argumentan que en lugar de arreglar el mercado inmobiliario, el gobierno está creando un modelo de ciudad más superpoblada y carente de la infraestructura pública básica necesaria para una comunidad saludable.
