La Audiencia Nacional ha rechazado una demanda de casi medio millón de euros interpuesta por una familia de Almoradí cuya vivienda quedó destruida durante las graves inundaciones en la Vega Baja provocadas por el huracán de septiembre de 2019. dana (sistema de tormentas intensas). El tribunal dictaminó que la naturaleza extraordinaria del fenómeno meteorológico constituye un caso de fuerza mayor, lo que significa que el Estado no puede ser considerado responsable.
Antecedentes de la reclamación
La familia solicitó una indemnización de 484,061 € por la pérdida total de su vivienda en la Partida El Gabato, situada a pocos metros del río Segura a la altura del puente de Algorfa, donde cedió un dique de contención. La casa quedó reducida a escombros, con solo una pared en pie, y la familia tuvo que ser rescatada por los servicios de emergencia.
Antes de recurrir ante la Audiencia Nacional, los demandantes presentaron un recurso administrativo ante el Ministerio para la Transición Ecológica, que fue denegado. Argumentaron que la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), responsable del mantenimiento de la infraestructura fluvial, no había realizado las reparaciones necesarias a pesar de las advertencias del ayuntamiento y del Tribunal de Aguas de Alfeitamí. Un informe pericial de ingeniería presentado por la familia concluyó que esta negligencia contribuyó al colapso del dique.
Se citan condiciones meteorológicas excepcionales
La Audiencia Nacional rechazó la demanda, destacando la intensidad sin precedentes del temporal. La sentencia señala que las precipitaciones alcanzaron los 500 mm/m² —la más alta en la Vega Baja en al menos 100 años—, con 38 horas de lluvias torrenciales que liberaron un volumen de agua equivalente al 85 % del embalse de Guadalest. Los jueces alegaron la rápida y desproporcionada entrada de agua, agravada por los vertidos regulados del embalse de Santomera, como factores que hicieron inevitable la inundación.
Basándose en el asesoramiento del Consejo de Estado, el tribunal concluyó que, incluso si se hubiera realizado el mantenimiento solicitado, los daños catastróficos no se habrían podido evitar. Posteriormente, el CHS reforzó el terraplén durante las reparaciones de emergencia tras la tormenta.
Compensación ya pagada
La familia recibió 30,082 € para el enseres del hogar y 120,570 € para el edificio del Consorcio de Compensación de Seguros, además de anticipos adicionales. No solicitaron la ayuda estatal por catástrofes, pero intentaron acceder a la ayuda regional de la Generalitat, que perdieron por falta de documentación.
Contexto mas amplio
La sentencia pone de relieve la dificultad de determinar la responsabilidad en caso de desastres naturales extremos. Una denuncia penal independiente presentada por los consejos locales de agua y los sindicatos de regantes contra la CHS por presunta negligencia fue finalmente retirada y el caso se archivó.











