La familia Fenoll habría creado una empresa de fertilizantes para camuflar el enterramiento ilegal de casi un millón de toneladas de residuos sin tratar en tierras agrícolas de La Murada, una pedanía de Orihuela.
Esta operación se enmarca en el amplio caso de corrupción Brugal, descubierto a través de extensas escuchas telefónicas coordinadas por el jefe de la Brigada de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la Policía Nacional.
El agente declaró este viernes ante la Audiencia Provincial de Elche en uno de los juicios centrales derivados de la investigación.
La Fiscalía pide penas de siete años de prisión para el terrateniente Francisco Poveda y de cinco años para Antonio Ángel Fenoll, Francisco Fenoll y Ángel Fenoll Pastor —hijo, hermano y sobrino, respectivamente, del empresario Ángel Fenoll padre—, así como para el ex concejal del Partido Popular (PP) Javier Bru y el empresario José Vera.
Los cargos se relacionan con el vertido ilegal y ocultamiento de residuos en tierras de cultivo en las zonas conocidas como Los Sigüenzas y Los Randeros.
Según el testimonio policial, conversaciones telefónicas interceptadas registradas entre mayo y julio de 2008 revelan que Ángel Fenoll padre, quien en ese momento administraba el vertedero de Proambiente pero se encuentra incapacitado para ser juzgado por enfermedad, dirigió el operativo.
Supuestamente dio instrucciones a su hijo Antonio Ángel Fenoll, quien mantenía un estrecho contacto con funcionarios municipales de Orihuela, para “mantener bajo control la parte institucional”.
El agente describió una división estructurada de funciones entre los acusados. Ángel Fenoll Pastor coordinaba el enterramiento y ocultación de los residuos en las terrazas agrícolas. Poveda aportaba el terreno, mientras que Francisco Fenoll operaba ocasionalmente la maquinaria pesada utilizada en los entierros.
El papel de Javier Bru fue descrito como clave: supuestamente creó una empresa específicamente para dar una apariencia de legalidad, presentando la operación de vertido como una transacción comercial de fertilizantes. José Vera, propietario de la empresa de maquinaria involucrada, desempeñó un papel menos definido.
Una conversación interceptada, atribuida a Poveda, se destacó durante el proceso. Al enterarse de que una patrulla de la policía local, actuando al margen de la investigación de Brugal, había comenzado a inspeccionar los cementerios, advirtió: «Esto no puede salir a la luz, o nos meterán a todos en la cárcel».
El jefe policial explicó que en 2010 convergieron múltiples pruebas: transcripciones de escuchas telefónicas, inspecciones de la policía local motivadas por quejas de los vecinos, fosas de prueba excavadas por la Guardia Civil, el testimonio de un ex empleado que identificó los lugares de enterramiento y los informes técnicos encargados por el Ayuntamiento de Orihuela entre 2011 y 2015.
En conjunto, estos elementos confirmaron no sólo el vertido ilegal sino también un esfuerzo coordinado para ocultarlo.
Los daños ambientales también se abordaron en los tribunales. Los informes confirmaron la contaminación de las tierras cercanas a la Rambla Salada, incluyendo plásticos, disolventes, pesticidas, combustibles y lixiviados con altas concentraciones de amonio, níquel y cromo. Si bien la mayor parte de las tierras afectadas se destina actualmente al cultivo de cítricos, solo el 11 % ha sido oficialmente vetado.
Un ex técnico superior de la Confederación Hidrográfica del Segura reconoció la contaminación pero cuestionó su origen, atribuyéndola a una fuga en una balsa dentro de las instalaciones de Proambiente y no a los propios residuos enterrados.
