El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha anulado la ordenanza de recogida de residuos de Callosa de Segura. La sentencia se produce tras un recurso interpuesto por el Partido Popular (PP) contra una fuerte subida de tarifas —promulgada por la coalición PSOE-IU-UCIN— que elevó las tasas anuales de 60 euros a 178 euros.
La decisión del tribunal destaca varias fallas críticas en los fundamentos técnicos y económicos de la ordenanza:
- Falta de Justificación: Los informes técnicos no explicaron los criterios utilizados para calcular la tarifa.
- Desprecio por el principio de “quien contamina paga”: El impuesto no tuvo en cuenta el volumen de residuos generados ni las circunstancias específicas de los contribuyentes.
- Diferenciación inadecuada: De las 13,169 viviendas de la ciudad, a más de 12,000 se les cobró una tarifa uniforme, sin tener en cuenta variables como los metros cuadrados, el consumo de agua o el número de residentes.
Un precedente a nivel provincial
La sentencia ha causado una gran conmoción en la provincia de Alicante porque la estructura fiscal de Callosa sigue un modelo diseñado por SUMA, el organismo tributario provincial. Este mismo marco es utilizado por muchos otros municipios.
In OrihuelaPor ejemplo, se han planteado quejas similares con respecto a una tarifa fija que ignora las realidades socioeconómicas.
Si bien el Ayuntamiento de Callosa planea recurrir, también ha minimizado el impacto inmediato, señalando que la ordenanza en cuestión ya ha sido sustituida por una versión de 2026. Sin embargo, el PP sostiene que la sentencia revela una "total falta de rigor y legalidad", advirtiendo que los impuestos actuales y futuros deben reestructurarse rigurosamente para alinearse con el principio de "quien contamina paga".
Repercusiones políticas y preocupaciones sobre la transparencia
Tras la sentencia, el PSOE ha priorizado la transparencia, exigiendo que los órganos de gobierno aclaren cómo los residentes pueden solicitar reducciones fiscales. Argumentan que el sistema actual sigue siendo injusto e inequitativo, especialmente para las familias numerosas, y critican al gobierno por no mejorar los servicios de gestión de residuos a pesar del aumento de la carga financiera para los ciudadanos.
