La batalla por la identidad de Orihuela ha vuelto, pero los críticos se preguntan por qué no se ha consultado a 30,000 residentes de la costa.
Una nueva petición solicita que el municipio adopte el nombre dual Orihuela–Oriola Ha reavivado el debate en el Ayuntamiento de Orihuela. La iniciativa, liderada por dos organizaciones de derecha, la Fundación Constantí Llombart y el Ateneo Viento del Pueblo, se presentó formalmente de nuevo a los concejales durante el pleno del jueves y se promovió públicamente durante una manifestación patrimonial vinculada al legado del poeta Miguel Hernández.
Los activistas se congregaron en la plaza del ayuntamiento para recoger firmas y conseguir apoyo para la propuesta, que se registró oficialmente por primera vez el 27 de mayo de 2025. Su objetivo es claro: presionar al ayuntamiento para que inicie el proceso administrativo necesario para reconocer “Oriola” —el nombre histórico valenciano de la ciudad— junto a Orihuela como parte de una doble denominación oficial.
Tras la sesión, representantes de la Fundación Constantí Llombart se reunieron con el equipo directivo. En un comunicado posterior, afirmaron que el alcalde José Vegara (PP) y el concejal Manuel Mestre (Vox) se mostraron receptivos y escucharon atentamente sus argumentos.
Los defensores argumentan que la recuperación del nombre medieval «Oriola» reforzaría el peso cultural de la ciudad en la Comunidad Valenciana, realzaría su perfil histórico como puerta sur del antiguo Reino de Valencia y fomentaría una mayor cohesión territorial. También señalan la relevancia de la Caja Rural Central de Orihuela como prueba de la relevancia económica del municipio.
Sin embargo, la propuesta ha suscitado una pregunta cada vez más recurrente: ¿qué pasa con los aproximadamente 30,000 residentes que viven en Orihuela Costa? Los detractores afirman que un cambio tan simbólico, pero significativo, no debería llevarse a cabo sin una consulta más amplia, especialmente entre las comunidades costeras, que a menudo se sienten marginadas en la toma de decisiones municipales.
Por ahora, la propuesta de doble nombre vuelve a la agenda municipal. De aprobarse políticamente, aún necesitaría superar un complejo proceso administrativo, incluyendo la aprobación plenaria y la validación de las autoridades superiores, antes de que cualquier cambio oficial entre en vigor.
