La Generalitat desconecta el proyecto de 76 viviendas en La Rambla
La Generalitat Valenciana ha frenado en seco un polémico proyecto de viviendas en San Miguel de Salinas que preveía construir 76 viviendas y un supermercado de 6,000 m² en terrenos inundables.
El proyecto, impulsado en 2020 por el ayuntamiento liderado por el PSOE, pretendía recalificar 26,000 metros cuadrados de terreno no urbanizable en la zona de la Laguna Azul para su urbanización. Sin embargo, el terreno se encuentra en un valle de fondo plano clasificado durante años como zona con riesgo geomorfológico de inundación según el plan regional de prevención de inundaciones, PATRICOVA.
A pesar de ello, el gobierno municipal aprobó el Plan Parcial SUS-R4 UEF Laguna Azul con todos los informes técnicos favorables. Las objeciones de la Asociación de Vecinos de San Miguel Arcángel fueron desestimadas, a pesar de que el riesgo de inundación figura claramente en los mapas regionales oficiales desde 2003 y en su revisión de 2015.
La urbanización estaba delimitada por calles residenciales existentes y el colegio privado Villamartín, y se encuentra aguas arriba del campo de golf de Villamartín, en la vecina Orihuela. Los residentes advirtieron que construir allí no solo pondría en peligro las nuevas viviendas, sino que también podría agravar las inundaciones aguas abajo.
Tras la aprobación local, el plan se envió a la Conselleria de Medio Ambiente para su evaluación. Este año, el Diario Oficial de la Generalitat publicó un rechazo rotundo. El informe ambiental afirma categóricamente que la legislación valenciana prohíbe la reclasificación de suelo no urbanizable afectado por riesgo de inundación en suelo urbano o urbanizable.
La sentencia también destacó las preocupaciones ecológicas, describiendo la parcela como un "puente verde" que permite el movimiento de la fauna y el drenaje natural del agua entre zonas residenciales. Urbanizarla, según el informe, rompería dicho corredor ecológico y dañaría la infraestructura verde de la zona. Además, señaló la escasez crónica de agua en la Vega Baja y criticó la falta de datos claros sobre el suministro de agua a largo plazo para las viviendas y los espacios comerciales propuestos.
Los promotores argumentaron que el terreno era una "isla urbana" que necesitaba consolidación y citaron antiguos convenios urbanísticos que les daban derecho a una compensación tras ceder terrenos para equipamientos públicos. También se basaron en el Plan General de Ordenación Urbana, ahora anulado, posteriormente revocado por el Tribunal Supremo por permitir la construcción de hasta 40,000 viviendas insostenibles.
Al final, la ley regional resultó decisiva: los terrenos con riesgo de inundación no pueden reclasificarse. La decisión de la Generalitat deja el proyecto definitivamente inundado, al menos en teoría.
