El Consejo General de la Magistratura de España ha remitido una controvertida sentencia del juez Juan Carlos Peinado para su posible investigación disciplinaria, tras una votación dividida a partes iguales decidida por la presidenta del consejo, Isabel Perelló.
Esta medida se produce tras unas declaraciones en las que Peinado sugirió que los agentes de policía asignados a la protección de Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, podrían ayudarla a abandonar España, ya sea por iniciativa propia o por orden de sus superiores.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, presentó una queja argumentando que los comentarios generaban dudas injustificadas sobre la profesionalidad de las fuerzas de seguridad españolas.
El responsable disciplinario evaluará ahora si el lenguaje del juez podría constituir un abuso de autoridad o una grave falta de respeto hacia los agentes de la policía judicial.
Cuatro concejales conservadores se opusieron a la remisión del caso, argumentando que la decisión de Peinado era una resolución judicial que solo podía impugnarse mediante el procedimiento de apelación habitual. Advirtieron que las medidas disciplinarias podrían menoscabar la independencia judicial.
La decisión pone de manifiesto las profundas divisiones existentes en el seno del órgano rector del poder judicial respecto a la conducta de Peinado en el caso que involucra a Gómez, su asesora Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés.
Peinado ha ordenado que el caso proceda a juicio y ha impuesto medidas cautelares a Gómez y Álvarez, entre ellas la confiscación de sus pasaportes, la prohibición de viajar y la obligación de comparecer ante el tribunal cada dos semanas.
