David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno español Pedro Sánchez, ha sido condenado por mala conducta administrativa en relación con su nombramiento para un alto cargo cultural en la Diputación Provincial de Badajoz.
La Audiencia Provincial de Badajoz condenó a Sánchez a nueve años de inhabilitación para ejercer cargos públicos tras declararlo culpable de actuar como participante necesario en un delito de prevaricación administrativa.
El caso giraba en torno a su nombramiento en 2017 como coordinador de actividades para los conservatorios de música gestionados por la autoridad provincial.
Los jueces concluyeron que el puesto se había creado sin una necesidad administrativa real y que, en cambio, se había diseñado para beneficiar a un candidato en particular. El tribunal afirmó que los acusados habían ejercido la autoridad pública de manera sumamente arbitraria con el propósito de favorecer a personas específicas.
Según la sentencia, las responsabilidades inherentes al cargo fueron posteriormente modificadas para adaptarse al interés profesional de David Sánchez por la ópera.
El expresidente del Consejo Provincial de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, también fue condenado y recibió una inhabilitación de 18 años para ejercer cargos públicos por dos delitos de mala conducta administrativa. Varios otros funcionarios fueron condenados en relación con el proceso de contratación.
El tribunal no condenó a David Sánchez por tráfico de influencias y no le impuso pena de prisión. Su defensa ha anunciado que apelará, por lo que la sentencia aún no es definitiva.
El fallo representa otro revés político para el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuyo gobierno y colaboradores cercanos se han enfrentado a varias investigaciones y controversias relacionadas con la corrupción.
El presidente del Gobierno y el Partido Socialista han negado reiteradamente que David Sánchez recibiera un trato preferencial. Representantes del PSOE manifestaron su desacuerdo con la sentencia y se mostraron confiados en que la condena sería revocada por un tribunal superior.
Pedro Sánchez ya había descrito anteriormente las acusaciones que involucran a miembros de su familia como parte de una campaña con motivaciones políticas destinada a perjudicar a su gobierno.
Sin embargo, el tribunal de Badajoz dictaminó que el proceso de selección estaba estructurado ilegalmente para favorecer a David Sánchez y que la creación y posterior modificación del puesto no podían justificarse por las necesidades operativas reales de la administración provincial.
