La asociación de vecinos Unidos por la Costa ha emitido una crítica demoledora de la última reunión de la Junta del Distrito de Orihuela Costa, alegando que puso de manifiesto los continuos fallos en materia de inversión, servicios públicos y gestión de proyectos largamente prometidos.
El grupo afirmó que sus representantes asistieron a la reunión de los distritos X y XI para defender los intereses de los residentes, pero se marcharon con la impresión, ya conocida, de que Orihuela Costa sigue estando desatendida por el gobierno municipal.
Según la asociación, los residentes plantearon preocupaciones prácticas, pero recibieron garantías vagas de que los funcionarios estaban "trabajando todos los días" o que actuarían "lo antes posible", sin plazos firmes ni soluciones concretas.
Una de sus principales preocupaciones es la continua ausencia del presupuesto municipal de Orihuela para 2026. Sin embargo, el grupo argumentó que el problema de fondo no radica simplemente en la falta de un nuevo presupuesto, sino en la capacidad del ayuntamiento para gestionar y ejecutar las inversiones previstas.
Unidos por la Costa afirmó que no se asignó ningún fondo de inversión específico a Orihuela Costa en el presupuesto de 2025. Asimismo, señaló que, de los aproximadamente 13 millones de euros en inversiones anunciadas para 2024, solo se ejecutaron alrededor de 2.6 millones.
La asociación señaló el puente peatonal AP-7, cuya construcción se había propuesto, como un claro ejemplo de los repetidos retrasos. Anteriormente, se había hecho creer a los residentes que el puente podría estar terminado para febrero de 2027, pero en la reunión se les informó que el proyecto había requerido modificaciones una vez más.
El grupo también recordó a los representantes del consejo que los planes deben someterse a un período de consulta pública antes de que se pueda adjudicar el contrato de construcción, lo que permitirá a los residentes presentar objeciones.
“En términos prácticos, esto significa más retrasos, más incertidumbre y aún sin una fecha de finalización definida”, dijo la asociación, añadiendo que ahora parecía improbable que el puente estuviera terminado antes de mayo de 2027.
También hubo decepción respecto al proyectado Centro Cívico Ramón de Campoamor. Según la información presentada en la reunión, ninguna empresa presentó una oferta para realizar la obra.
Según se informa, el ayuntamiento está considerando alternativas para sacar adelante el proyecto, pero Unidos por la Costa cree que el centro no abrirá este año y duda de que esté terminado en 2027.
También se plantearon dudas sobre la propuesta de mejora del sendero peatonal entre Aguamarina y La Caleta. La asociación afirmó que se les comunicó a los residentes que los funcionarios habían inspeccionado la zona y habían concluido que “no estaba tan mal”.
El grupo cuestionó por qué se habían anunciado públicamente las mejoras si el consejo posteriormente las consideraba innecesarias, argumentando que tales declaraciones creaban falsas expectativas.
La recogida de residuos fue otro de los principales motivos de crítica. Según se informó, en la reunión se confirmó que cinco camiones de recogida de basura estaban fuera de servicio, mientras que los contenedores seguían desbordándose en algunas zonas de Orihuela Costa.
La asociación calificó la situación de inaceptable, sobre todo tras el considerable aumento de la tasa municipal de recogida de residuos, que se había justificado como necesario para mejorar el servicio.
“Los residentes están pagando más pero recibiendo menos”, decía el comunicado, añadiendo que incluso se habían hecho peticiones para que se reembolsara el importe debido a la supuesta falta de prestación de un servicio adecuado.
También se expresaron preocupaciones sobre la vegetación descontrolada, las malas hierbas y los matorrales que invaden las calles y las zonas verdes públicas. El grupo cuestionó por qué la maquinaria desbrozadora del ayuntamiento no parecía estar en funcionamiento en toda la costa.
Unidos por la Costa afirmó que la reunión reforzó la creciente convicción de que el problema va más allá de proyectos individuales retrasados. Acusó al ayuntamiento de anunciar repetidamente inversiones y planes que luego se posponen, se reducen o nunca se completan.
La asociación argumentó que Orihuela Costa, con más de 30,000 residentes y una importante contribución a la economía y los ingresos fiscales del municipio, sigue recibiendo una inversión y una atención insuficientes.
Ahora se ha pedido un debate serio sobre si el modelo administrativo actual puede servir eficazmente a un municipio tan grande y geográficamente dividido.
“Cada año que pasa queda más claro que gobernar Orihuela Costa desde el centro histórico de Orihuela no satisface las necesidades de la costa”, afirmó el grupo.
Unidos por la Costa concluyó que los residentes merecen una administración capaz de brindar servicios confiables, completar proyectos y hacer justicia a la importancia de la costa dentro del municipio en general.
“No basta con decir que se trabaja todos los días”, afirmó la asociación. “Hay que saber trabajar y, sobre todo, hay que hacerlo bien”.
Artículo e imagen traducidos de una publicación de Facebook por Unidos por la Costa
