La Región de Murcia ha sufrido otro revés en la larga batalla legal por el aeropuerto de Corvera después de que un tribunal de Madrid autorizara el pago de 143.7 millones de euros a su antiguo concesionario.
La última resolución levanta la suspensión temporal de una sentencia anterior que ordenaba al gobierno regional indemnizar a la Sociedad Concesionaria Aeropuerto de Murcia, anteriormente conocida como Aeromur, por las inversiones realizadas en el desarrollo del aeropuerto.
El tribunal rechazó el argumento de la administración regional de que la ejecución inmediata podría ejercer una presión excesiva sobre las finanzas públicas de Murcia. Concluyó que las preocupaciones presupuestarias no constituían motivo suficiente para seguir retrasando el pago.
La indemnización principal asciende a 143.7 millones de euros, pero los intereses legales acumulados —estimados en unos 17 millones de euros— podrían elevar la factura total a más de 160 millones de euros.
La sentencia original fue dictada por el Juzgado Mercantil número 9 de Madrid en octubre de 2025. En ella se reconocía un crédito a largo plazo por inversión adeudado a la antigua concesionaria, que actualmente se encuentra en proceso de liquidación.
El gobierno regional apeló la decisión y solicitó la suspensión del pago mientras se tramitaba la apelación. Sin embargo, la apelación no detuvo automáticamente la ejecución de la sentencia, lo que permitió al antiguo concesionario exigir el pago.
Aeromur, liderada por el grupo constructor Sacyr y con la participación de varios socios financieros y empresas locales, firmó un acuerdo de 40 años en 2007 para la construcción y operación del aeropuerto de Corvera. El gobierno regional rescindió la concesión en 2013 tras años de retrasos y desacuerdos sobre la apertura de las instalaciones.
El aeropuerto estaba prácticamente terminado, pero no empezó a recibir pasajeros comerciales hasta enero de 2019, cuando abrió sus puertas bajo la gestión del operador aeroportuario español Aena.
El gobierno regional de Murcia sostiene que Aeromur debe ser considerada responsable de los incumplimientos contractuales que impidieron la apertura del aeropuerto según lo previsto en 2012. Argumenta que un acuerdo contractual independiente calculó daños por aproximadamente 204 millones de euros, lo que arroja un saldo neto de alrededor de 61 millones de euros a favor de la administración regional una vez deducidas las inversiones reconocidas.
Ese cálculo también ha sido cuestionado por el antiguo concesionario, lo que garantiza que la disputa legal más amplia permanezca sin resolver.
Las autoridades regionales han señalado además que Murcia es uno de los principales acreedores en el proceso de liquidación de Aeromur. Por consiguiente, argumentan que gran parte del dinero abonado en virtud de la resolución podría, en última instancia, reintegrarse a las arcas regionales a través del procedimiento concursal.
El proyecto Corvera ha generado años de litigios en torno a su financiación, construcción y la cancelación de la concesión. Durante su desarrollo, el gobierno regional garantizó préstamos por valor de más de 182 millones de euros, que posteriormente tuvo que asumir cuando el concesionario no pudo reembolsarlos.
A pesar del último fallo judicial, los nuevos procedimientos legales y las apelaciones implican que el coste financiero final de la disputa aeroportuaria sigue siendo incierto.
