El Partido Popular y Vox han aprobado enmiendas que restringirían el uso de prendas que cubran el rostro en los servicios públicos de toda la Comunidad Valenciana, al tiempo que endurecerían el acceso de los migrantes a la asistencia social regional.
Las medidas fueron aprobadas por la Comisión de Finanzas del Parlamento Valenciano como parte de la legislación complementaria al presupuesto de la Generalitat para 2026. Aún deben recibir la aprobación definitiva del pleno del Parlamento, prevista para el 31 de julio, antes de convertirse en ley.
Si bien las enmiendas no mencionan específicamente el burka o el niqab, exigen que las personas mantengan sus rostros "sustancialmente descubiertos" en establecimientos educativos, centros de salud, transporte público regional y lugares de entretenimiento.
Los empleados públicos también estarían obligados a mantener sus rostros visibles mientras trabajan y tratan con el público. PP y Vox afirmaron que esto era necesario para garantizar la identificación visual, mejorar la seguridad y proteger a las mujeres de ser obligadas a usar ropa que oculte sus rostros.
El acuerdo también incorpora el principio de “prioridad nacional” de Vox a la política de bienestar regional. Los migrantes sin estatus legal regular quedarían excluidos, en general, de las prestaciones públicas y los servicios sociales, salvo en casos de emergencia que pongan en peligro su vida.
El periodo mínimo de inscripción o residencia requerido para acceder a la Renta de Inclusión Valenciana aumentaría de 15 meses a tres años. Para determinar el acceso a la ayuda, también podrían tenerse en cuenta factores como la duración de la residencia, la inscripción en el censo local y las cotizaciones a la seguridad social.
Otros cambios incluyen la restricción de los menús especiales en los comedores escolares a los casos que cuenten con una receta médica, lo que impide de hecho que las escuelas ofrezcan menús halal de forma rutinaria.
PP y Vox también aprobaron un aumento del umbral de exención del Impuesto sobre el Patrimonio de 1 millón de euros a 2 millones de euros, lo que supone una mayor reducción fiscal que beneficia principalmente a quienes poseen activos de mayor valor. El paquete legislativo incluyó varias reformas administrativas y de planificación.
El PSPV-PSOE y Compromís criticaron duramente las medidas, acusando al PP de adoptar las políticas de Vox e introducir cambios legales significativos mediante enmiendas de última hora sin el escrutinio suficiente ni los informes consultivos habituales.
Los partidos de la oposición presentaron casi 200 enmiendas, pero prácticamente todas fueron rechazadas. Sus propuestas incluían la reasignación de fondos de la Fundación Fighting Bull a los servicios de emergencia, el restablecimiento de la prohibición de las terapias de conversión y la protección permanente de la vivienda pública.
Compromís ha indicado que podría impugnar las disposiciones sobre bienestar social y uso del velo facial por motivos constitucionales. El acuerdo se produce tras negociaciones previas entre el PP y Vox para introducir la “prioridad nacional” en la política social valenciana.
