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Juan Ignacio López-Bas Valero, abogado en ejercicio y exconcejal de Orihuela, además de exdiputado de Ciudadanos, ha generado un debate público con un artículo de opinión publicado en el Diario de la Vega.
En él, insta a los vecinos de Orihuela a impugnar formalmente el reciente y drástico aumento del impuesto de recogida de residuos urbanos (RSU), calificando la situación de injusta y legalmente cuestionable.
El impuesto, gestionado por SUMA, ha aumentado enormemente, entre un 250 % y un 340 %, según la zona. – lo que genera preocupación y descontento entre la población local.
López Bas argumenta que el gobierno municipal está incumpliendo la legislación española. Dado que Orihuela está legalmente clasificado como «municipio de gran población», la ley exige establecer un órgano administrativo especializado para tramitar los recursos económico-administrativos, en particular para revisar las liquidaciones de impuestos emitidos por el ayuntamiento. Sin embargo, Orihuela no ha creado este órgano, lo que priva a los ciudadanos de una vía administrativa legal para impugnar las decisiones fiscales antes de recurrir a los tribunales.
Debido a esta deficiencia, López Bas alega que las liquidaciones tributarias realizadas sin este recurso administrativo carecen de validez legal.
Apoya su postura citando sentencias judiciales de ciudades como Alicante, Madrid y Santander, donde los jueces han anulado liquidaciones tributarias similarmente alegando que la ausencia de dichos órganos municipales vulnera el derecho constitucional de los contribuyentes a la tutela judicial efectiva.
Alentando la acción cívica, López Bas afirma que todo contribuyente tiene el derecho, e incluso el deber, de impugnar las actuaciones administrativas cuando las autoridades ignoran a sabiendas los procedimientos legales.
Aconseja a los residentes que presenten una reclamación económico-administrativa en el plazo de un mes tras recibir cualquier factura de impuestos municipales, ya sea de RSU, IBI, impuesto de circulación o plusvalía.
Si el ayuntamiento rechaza o ignora estas reclamaciones, anima a recurrir a los tribunales, donde crea que la jurisprudencia existente respaldará la postura ciudadana.
Su llamamiento a la acción ya ha resonado en toda la región. Representantes de las comunidades costeras y rurales han expresado su interés en presentar demandas similares.
El grupo Unidos x la Costa está preparando activamente la documentación para ayudar a sus miembros a presentar recursos. Otros grupos políticos locales, como Unidos Mejoramos y PIOC, están monitoreando el panorama legal para determinar sus próximos pasos.
En esencia, López Bas está movilizando una resistencia legal popular contra lo que considera una política fiscal ilegal y excesiva por parte del ayuntamiento de Orihuela.
